sábado, 24 de septiembre de 2011

ÚNETE A SOLCOM.

El Foro de Vida Independiente y DIVERTAD, es un compuesto de personas que velamos por el cumplimiento de los derechos recogidos actualmente en la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Diversidad Funcional (discapacidad).

Del Foro, de debate y acción, nació SOLCOM, una organización que aspira a que los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional (discapacidad) y sus familias se hagan cumplir mediante el recurso a los Tribunales de Justicia. SOLCOM, además de a sus asociados, agrupa a juristas y otros profesionales voluntarios, para ayudar a reclamar y exigir esos derechos. En casos colectivos, SOLCOM puede actuar como demandante, por ejemplo, recurriendo un plan urbanístico si se ignora la normativa de accesibilidad, o un Real Decreto que vulnere la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El motivo de este escrito es pediros que os asociéis y nos ayudéis en la lucha contra la discriminación que sufren tantas y muchísimas personas. SOLCOM necesita recursos humanos y económicos: http://www.asociacionsolcom.org/colabora.



Un fantástico ejemplo de lo que se trabaja desde SOLCOM lo recoge la siguiente noticia:

Relator de la ONU pide a España
cumplir sus compromisos sobre discapacidad.

http://www.ideal.es/agencias/20110920/mas-actualidad/sociedad/relator-pide-espana-cumplir-compromisos_201109201733.html

Ginebra, 20 sep (EFE).- El Gobierno de España debe trabajar más para aplicar de manera efectiva y real la legislación relativa a promover los derechos de las personas discapacitadas y dar más información acerca de la situación en la que vive este colectivo.

Así lo manifestó hoy Xavier Torres Correa, relator especial del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano reunido hoy en Ginebra para abordar la situación en España, que en 2008 ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre este tema.

Asociaciones de discapacitados acusan al Gobierno español de no aplicar la Convención, pese a su ratificación e incorporación al ordenamiento jurídico español, algo en lo que les dio la razón el relator especial afirmando que "queda camino por recorrer para que España cumpla plenamente lo estipulado en la Convención".

Torres Correa afirmó que España no ha facilitado información sobre la situación de pobreza en la que viven las personas discapacitadas, sobre las medidas de autonomía personal y acceso a la salud o sobre empleo, en concreto sobre la obligación de que las empresas de más de 50 empleados empleen a un 2% de discapacitados.

El relator afirmó que tampoco se ha podido comprobar la eficacia de las medidas para frenar la violencia contra los niños y mujeres que viven con algún tipo de discapacidad funcional, y denunció que no se haya avanzado lo suficiente en materia de accesibilidad.

Torres Correa lamentó que, por ejemplo, en el modelo español "las personas con discapacidad no puedan viajar solas en avión".

El experto de la ONU indicó que otro elemento clave que España debe aclarar es el del baremo que se emplea para considerar discapacitada a una persona e hizo hincapié en las situaciones de discriminación que, según él, se dan en el sistema educativo.

"Se ven casos de discriminación con jóvenes a los que se obliga a seguir, no en el ámbito ordinario escolar ordinario, sino parte en el regular y parte en educación especial", dijo Torres Correa, que recordó que esto contraviene el espíritu de la Convención.

No obstante, el relator aseguró a Efe que se ha entablado un "diálogo constructivo con España" y que "poco a poco el Estado está dando respuesta y comprometiéndose a medidas de manera progresiva".

El relator dio respuesta al informe previo que presentó la secretaria general de Política Social del ministerio de Sanidad, Isabel Martínez Lozano, que defendió los "grandes avances" logrados en España en atención y promoción de derechos de este colectivo.

Martínez Lozano recordó que España fue el primer país europeo en ratificar el texto de la ONU y aseguró que "ha habido una revisión del ordenamiento jurídico y un impulso de las ayudas públicas a la discapacidad para cumplir con rigor esta Convención".
"Creo que en el día de hoy debemos sentirnos con cierto orgullo, porque creo que somos de los países que mejor ha hecho los deberes en la aplicación de los derechos y deberes que implica la Convención", dijo la secretaria general, que subrayó que asumir este texto supuso modificar 24 leyes relacionadas con la discapacidad.

En el terreno educativo, Martínez Lozano también proclamó su orgullo por el hecho de que el 78% de los menores con discapacidades funcionales estén en colegios normalizados, algo que refleja en su opinión, que "nuestro modelo educativo es un modelo de inclusión".

No lo ven de la misma manera representantes de asociaciones de discapacitados como SOLCOM, cuya vicepresidenta Mónica Sumay, viajó a Ginebra para entrevistarse con el relator especial y asistir a la reunión del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sumay, madre de una joven de 17 años escolarizada en el sistema ordinario tras una batalla legal de varios años, denunció que el Estado español no cumple lo estipulado en la Convención de la ONU.

"Nos llegan todos los días casos de discriminación escolar en el ámbito estatal", declaró a Efe Munay, que lamentó que muchos padres "no tienen los medios, ni los recursos, ni los conocimientos para poder acceder a la justicia" cuando sus hijos son discriminados.

"Muchos de estos padres, ante la presión de la administración (...), acaban cediendo y enviando a sus hijos a centros especiales. No es que los padres quieran segregar a sus hijos, es que no les dejan otro camino", explicó la representante de Solcom.

Asociaciones como esta reivindican que los menores discapacitados crezcan en un entorno de normalidad, escolarizados en el sistema ordinario y no en centros especializados, que consideran guetos que potencian la discriminación y frenan su desarrollo.

Es el caso de María de los Santos, que tiene un hijo de 9 años con discapacidad funcional: "a mi hijo se le obliga a un tipo de escolarización que consideramos que no es inclusiva, con lo que, como dice la Convención, se están violando su derechos humanos".


Y a continuación tres testimonios sobre lo que representa SOLCOM en la batalla judicial contra casos de vulneración y discriminación:

Compromisos con los discapacitados
MIGUEL RUEDA BRENES - Arahal, Sevilla - 22/09/2011
Como persona con discapacidad, una tetraplejia, leo con esperanza e ilusión la noticia referente a la amonestación de Naciones Unidas a España para que cumpla sus compromisos en materia de discapacidad, en concreto en relación a lo que estipula la Convención sobre los Derechos de los Discapacitados.
Esperanza porque arroja luz sobre una realidad palpable. Resulta, por ejemplo, incomprensible que mediante una "ley ómnibus" se pretenda adaptar la legislación española en materia de discapacidad a la Convención, no tocando en absoluto leyes claves como la denominada ley de autonomía personal, que sigue fomentando la exclusión social del discapacitado; casos de discriminación de jóvenes a los que se les obliga a tomar una escolarización especial, fuera de la ordinaria, aparecen en prensa con demasiada frecuencia; la asignatura de la accesibilidad universal siempre pendiente, y muchas más cosas.
Ilusión porque el toque de atención sirva para reconducir las cosas y porque ha venido de la mano de la intervención de la asociación española SOLCOM.
Ya va siendo hora de que el asociacionismo sea reivindicativo.

Discapacitados y derechos humanos
MARíA DE LA O RUEDA - Málaga - 23/09/2011
Me he llevado la mayor alegría de este año tras leer con atención el artículo donde el relator de la ONU afirma que España no está cumpliendo la Convención de la ONU, y no porque no se cumpla, sino porque por fin sé que no era fruto de mi imaginación.
Tengo un hijo con diversidad funcional (discapacidad) al que cada día se le deniegan sus derechos. Tengo otra hija sin diversidad funcional a la que todo le viene dado. Los dos tienen los mismos derechos, se supone, pero el relator lo ha expresado claro, en uno se cumplen y en otro no.
Hace una semana empezó el curso. Con mi hija sin diversidad todo eran nervios, alegría por ver a sus compañeros, un nuevo curso por delante empezado con ilusión. Con mi hijo con diversidad funcional, nervios, noches sin dormir, preocupación, comienzo de la tortura del nuevo curso escolar. Porque una tortura han sido los nueve años de escolarización que lleva mi hijo escuchando de la Administración y técnicos excusas, justificaciones, con el fin de intentar convencerme de que lo mejor para él es segregarlo...
Por fin no soy yo quien lo digo, una madre caprichosa que quiero lo peor para mi hijo... ¡Lo dice la ONU! Mi hijo tiene el mismo derecho que mi hija a una educación inclusiva.

La ONU y los discapacitados
MAIKA IMEDIO GRANULLAQUE - Burguillos, Toledo - 24/09/2011
Parece obvio, pero no lo es: las personas con diversidad funcional (discapacidad) también tenemos derechos humanos. Y en España no se respetan.
El Gobierno Español afirmó en Ginebra que en nuestro país se ha avanzado mucho en el terreno de los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad). Yo tengo una diversidad funcional -paraplejia- y me sentí respaldada al saber que el relator de Naciones Unidas opinaba que en España no se ha avanzado tanto.
La asociación SOLCOM lo demostró en Ginebra y lo demuestra a diario: en España los niños con diversidad funcional no pueden estudiar en colegios ordinarios y son relegados a guetos llamados colegios de educación especial que fomentan la discriminación y frenan su desarrollo. En vez de potenciar la autonomía personal se potencia la dependencia y hay casos de malos tratos.
Una persona con diversidad funcional no puede viajar sola en avión ni ser miembro de un jurado popular. Faltan sobredosis de accesibilidad universal, en muchos lugares sigue sin haber cuartos de baño adaptados, etcétera.
Nuestro país ratificó en el año 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Diversidad Funcional). Pero han pasado tres años y sigue sin cumplirla.
Somos muchos los ciudadanos que necesitamos que nuestros derechos humanos sean una realidad. Porque yo quiero tener derecho a una muerte digna, pero antes de que me llegue la muerte quiero una vida digna. Ahora no la tengo.



La unión hace la fuerza y SOLCOM necesita estar muy fuerte para atender a los centenares de casos que llegan denuciando atropellos a los derechos humanos. Únete y haz que las personas de tu confianza se unan, para que entre todos y todas construyamos un puente hacia la legalidad y hacia la libertad en igualdad de oportunidades.