La historia de Dani es la historia de un niño palentino con diversidad funcional, que según sus padres, Azucena Ortega y José Alberto Gutiérrez, no le hace diferente del resto. Por eso reclaman para él una educación inclusiva en igualdad de oportunidades y con niños de su edad y se niegan a discriminarlo llevándolo a un Centro de Educación Especial, tal y como exige la Junta de Castilla y León.Sin embargo los tribunales ven un posible delito de abandono de familia en su negativa a escolarizar a su hijo en el Centro de Educación Especial que determinó la Junta en base a "criterios de los técnicos, para velar y garantizar los derechos del menor", según ha afirmado el consejero portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
De los derechos de David también hablan sus padres y la asociación SOLCOM, que les está ayudando en esta lucha. Para ellos la Junta de Castilla y León está vulnerando todas las leyes, la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Unos textos que otorgan a los padres el derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y que garantizan una educación en igualdad para las personas con discapacidad.
Por eso además de recurrir el auto judicial en el que se les imputa por un presunto delito de abandono de familia, los padres de David han recurrido al Contencioso Administrativo, donde han denunciado a la Junta de Castilla y León por "vulnerar" los Derechos Humanos de su hijo al obligarles a escolarizarlo en un Centro de Educación Especial. Una demanda que ha sido admitida a trámite, según ha anunciado la madre del niño, Azucena Ortega, sin poder entender cómo es posible que "en un país democrático en el que se aplican las leyes a todos por igual, nos hayan denunciado por no querer segregar a mi hijo en un centro especial".
Porque estos padres entienden que para que su hijo desarrolle su personalidad íntegramente, "tiene que recibir una educación inclusiva". Una educación que no le discrimine por funcionar de una forma diferente porque ellos nunca se han negado a escolarizar al niño. De hecho han hecho numerosos intentos, todos frustrados por la Inspección Educativa que "a los dos meses de empezar en un colegio segregó a nuestro hijo a un centro de educación especial sin nuestro consentimiento". Después han sido muchos los toques de atención de la administración porque David nunca fue a ese centro. Hasta que el caso se denunció y llegó al Juzgado.
"Un caso disparatado y esperpéntico", según María del Mar Álvarez, quien subrayó no sin cierta ironía que los padres que se niegan a aceptar la discriminación y la exclusión de estos niños no son padres "antisociales, ni insensatos, ni delincuentes, ni una amenaza". Sin embargo las administraciones se empeñan en vulnerar sus derechos y saltarse todas las leyes. Hasta 38 veces en 2011, el mismo numero de casos que se conocieron en España el año pasado. Dos de ellas en Castilla y León, en Palencia y León, aunque hasta ahora nadie había llegado tan lejos, acusando a los padres de un delito.
Porque estos padres entienden que para que su hijo desarrolle su personalidad íntegramente, "tiene que recibir una educación inclusiva". Una educación que no le discrimine por funcionar de una forma diferente porque ellos nunca se han negado a escolarizar al niño. De hecho han hecho numerosos intentos, todos frustrados por la Inspección Educativa que "a los dos meses de empezar en un colegio segregó a nuestro hijo a un centro de educación especial sin nuestro consentimiento". Después han sido muchos los toques de atención de la administración porque David nunca fue a ese centro. Hasta que el caso se denunció y llegó al Juzgado.
"Un caso disparatado y esperpéntico", según María del Mar Álvarez, quien subrayó no sin cierta ironía que los padres que se niegan a aceptar la discriminación y la exclusión de estos niños no son padres "antisociales, ni insensatos, ni delincuentes, ni una amenaza". Sin embargo las administraciones se empeñan en vulnerar sus derechos y saltarse todas las leyes. Hasta 38 veces en 2011, el mismo numero de casos que se conocieron en España el año pasado. Dos de ellas en Castilla y León, en Palencia y León, aunque hasta ahora nadie había llegado tan lejos, acusando a los padres de un delito.
... ¡DERECHOS HUMANOS YA!
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