Juristas voluntarios y activistas de los derechos humanos se unen para llevar a los tribunales las faltas a la Carta de la Discapacidad.
En diciembre de 2007 España ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. El texto, que desde mayo de 2008 forma parte del reglamento jurídico español, formaliza las aspiraciones peleadas desde los años 70 por las primeras voces que reivindicaron el derecho de las personas con diversidad funcional a decidir por sí mismas, autorrepresentarse y construir sus vidas de modo autónomo, al margen de circuitos diferenciados para diferentes. Asumida por más de 70 países, la Convención obliga a los estados firmantes a realizar los "ajustes razonables" que sean necesarios para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos a las personas en situación de discapacidad, prohíbe la segregación e impone un nuevo paradigma que supera la visión discapacidad-problema y analiza la diversidad como riqueza.
Bajo los principios del movimiento de vida independiente, las personas con diversidad funcional han iniciado un cambio de papeles, que, en palabras de José Antonio Nóvoa Romay, representante de España en la ejecutiva de la European Network on Independent Living (ENIL) y presidente de la asociación gallega de Vida Independiente (Vigalicia), implica dejar de comportarse como "buenos clientes de los presupuestos públicos" para empezar a actuar como "reclamantes de derechos".
Y es que, "tras treinta años de democracia, en España la realización de los derechos de las personas con diversidad funcional sigue siendo una omisión inaceptable". Lo dice María Luisa Ruiz Jarabo, presidenta de Solcom, una entidad constituida en diciembre de 2009 para velar por los derechos de las personas con diversidad funcional.
Es, mantiene Ruiz Jarabo, un colectivo que reclama poco sus derechos. "Muchos de nosotros -dice- desconocemos las leyes que nos protegen y, además, venimos de una cultura de la caridad, no de una cultura de derechos". El coste económico de los procesos, la sensación de indefensión y la lentitud de la justicia, señala, se alían también en contra del reclamante.
Apoyo entre iguales. Solcom, explica su presidenta, "nace como herramienta de apoyo entre iguales para servir de guía a quienes se encuentren en una situación de discriminación y vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades y deseen ejercitar acciones legales". La entidad cuenta ya con la colaboración de 12 abogados, 15 procuradores y dos notarios, distribuidos en distintas provincias españolas. Todos ellos colaboran con la asociación de forma gratuita o con tarifas ajustadas.
La asociación rechaza fondos públicos y se financia únicamente con donaciones y las cuotas de sus socios como mecanismo para asegurar su libertad de acción. Funciona a nivel estatal, estructurada en una asamblea general integrada por todos los socios; una junta directiva, de la que forman parte dos mujeres gallegas, Mónica Sumay y Anxela López; un consejo asesor, compuesto por personas vinculadas al mundo del derecho y la diversidad funcional, al que corresponde estudiar los expedientes de denuncia y emitir un primer dictamen; y un consejo jurídico superior, formado por juristas de reconocida valía que estudiará expedientes de especial trascendencia o dudas ético-legales.
Adela Rey, profesora de Derecho Internacional de la Universidade da Coruña (UDC), es uno de los miembros de este consejo jurídico. Explica que la educación es uno de los ámbitos en los que se producen más atropellos de derechos, "no sólo en cuanto a la segregación o no, sino también en lo referido a la dotación de los recursos personales y materiales que permitan al alumno acceder en igualdad de condiciones a esa educación en el sistema general". En las aulas, afirma, "no sólo son ellos los discriminados: yo, que tengo a mis hijos en un colegio de educación general, me siento también discriminada. Yo no quiero que mis hijos estudien solo con personas sin discapacidad y vivan en una sociedad irreal".
rlizcano@elcorreogallego.es
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